«La Verdadera Revolución de Mayo» – Roberto Horacio Marfany (1907-1989)

Sobre premisas supuestas y artificiosas, la historiografía liberal elaboró y divulgó el concepto de que la Revolución de Mayo fue un levantamiento del pueblo de Buenos Aires contra la monarquía española, para convertir el Virreinato del Río de la Plata en un Estado democrático independiente, adaptándolo a ideas y realidades ajenas.

Tal versión ha tergiversado, a sabiendas o por ignorancia, los hechos, las causas y los fines que la promovieron y no ha logrado incorporar a la vida argentina esa supuesta iniciación democrática que, para desgracia nuestra, se ha practicado después con mucho menos perfección y eficiencia de los que encarecen las declamaciones subalternas.

La verdad de la Revolución de Mayo es otra. La reacción porteña sobreviene a consecuencia del progreso de la invasión a España por los ejércitos franceses, la disolución de la Junta Central de Sevilla, que gobernaba a nombre del rey Fernando VII, prisionero de Napoleón, y la creación precipitada c irregular, en enero de 1810, de un Consejo de Regencia instalado en Cádiz y refugiado poco después en la Isla de León, donde apuró su desprestigio.

La falta de Gobierno legítimo y competente en España, de cuyo Imperio formábamos parte, y la creencia de que difícilmente se libraría del poder de Napoleón al que serían irremisiblemente incorporados los Dominios de América, –intención ésta que anticipó el emisario francés Felipe de Sassenay desembarcado en Buenos Aires en 1808–, crearon un estado de honda zozobra.

El anticipado anuncio de anexión a Francia había incitado el juramento de fidelidad a Fernando VII, en agosto de aquel año, que llevaba implícito el repudio a aceptar el dominio extranjero, de que Manuel Belgrano dio testimonio al general Crawford en la primera invasión británica a Buenos Aires; «O el amo viejo o ninguno».

Pero la defensa del país en su integridad física y moral, sin que existiera intención de separarse del Imperio español, no admitía la subsistencia del virrey, subordinado a la suerte de la Península, maltrecha por la adversidad de la guerra y la consecuente inestabilidad política. El reemplazo del virrey por una Junta tuitiva fue el plan de unos pocos ciudadanos con el apoyo de las fuerzas armadas. La convocatoria a cabildo abierto –reunido el 22 de mayo de 1810– para decidir en la emergencia, demuestra la falta de agitación multitudinaria, como quiere la historia liberal, que hubiera provocado el cambio por las vías de hecho, sin recurrir al procedimiento institucional. Y ese cabildo abierto, con 251 asistentes, estuvo mayormente integrado por abogados, comerciantes, sacerdotes, militares y funcionarios, cuyos nombres y profesión constan en actas. El pueblo anónimo reunió 600 personas –ese número exacto está probado– en la Plaza frente a las casas consistoriales, bajo la dirección y consignas de French y Beruti, y cuya movilización no era mayoritaria en una ciudad que con sus aledaños reunía 60.000 habitantes. El distintivo de una cinta blanca, símbolo de unión de americanos y peninsulares y el retrato de Fernando VII, que adoptaron por divisa, demuestra la adhesión al Estado español.

El argumento jurídico que el Dr. Juan José Castelli expuso brillantemente en el cabildo abierto para demostrar el derecho a elegir un gobierno sustitutivo del virrey por falta de autoridad legítima en España, fue abonado con citas de autores de derecho español, de uso corriente en las contiendas judiciales. No hubo inspiración alguna en las ideas de Rousseau, de que se hacen lenguas los historiadores liberales sin prueba alguna que lo certifique. Y aunque Mariano Moreno conoció después de la Revolución el «Contrato Social» del autor francés, no abjuró de la monarquía sino del absolutismo, que propuso limitar con una ley constitucional, siguiendo en esto a Rousseau y cuya lucubración publicó por entregas en la Gaceta de Buenos Aires.

La idea de independencia que propiciaba la Revolución no tuvo la extensión que suponen los historiadores liberales. El alcance de esa independencia está contenido en la primera fórmula que se puso a votación en el cabildo abierto. Hela aquí: «Si se ha de subrogar otra autoridad a la superior que obtiene el excelentísimo señor virrey, dependiente de la Metrópoli salvándose ésta, o independiente siendo del todo subyugada». Y aunque esta fórmula fue rechazada para «que se procediese a otra proposición más sucinta», queda definida en aquella el alcance con que se pensó la independencia, esto es, condicionaba al sometimiento de España a Napoleón. Por eso, la Junta Patria erigida el 25 de Mayo, asumió el Gobierno «a nombre de Fernando VII».

Los historiógrafos liberales han motejado de «máscara» la representación monárquica de la Junta Patria, considerando a los patriotas, quiérase o no como unos hipócritas. La simulación que con agravio se atribuye a los «Padres de la Patria», es una falsedad que la misma Junta impugnó a sus detractores coetáneos y en cuyo círculo debe incluirse a esa posteridad malintencionada.

La erección de la Junta Patria fue un acto de fidelidad a los valores tradicionales y trascendentes que es necesario mantener en vigilia siempre como únicos principios verdaderos de nuestra nacionalidad, y con mayor energía en esta hora de confusión en que circulan de contrabando ideologías excéntricas que quieren subvertir el orden social para convertirlo en un organismo gregario, desjerarquizado y sin originalidad.

Que el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo despierte las conciencias de los argentinos honrados.

* En «Revista Cabildo», Año II, N°13, Buenos Aires – 9 de mayo de 1974.