“Arrancar una pierna o dos”: cómo Planned Parenthood extrae órganos de bebés

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[Calvin Freiburger – LifeSiteNews – 8/8/2024]

Los investigadores provida del Center for Medical Progress (CMP) han publicado imágenes inéditas de su investigación original de 2015 en las que funcionarios de Planned Parenthood revelan cómo mutilan los cuerpos de los bebés abortados para disfrazar los métodos de aborto ilegal empleados para matarlos.

El martes, CMP publicó un vídeo, vídeo que Planned Parenthood había luchado por bloquear durante los últimos ocho años, de dos conversaciones en la feria comercial de 2015 de la Federación Nacional del Aborto (NAF) entre la directora médica de Planned Parenthood Gulf Coast (Texas), la Dra. Ann Schutt-Aine, la vicepresidenta de acceso al aborto, Tram Nguyen, enfermera titulada, y periodistas encubiertos de CMP que los promotores del aborto pensaban que eran vendedores farmacéuticos.

Las imágenes contienen más ejemplos de cómo los funcionarios se burlan de la naturaleza bárbara de su negocio, como cuando Nguyen dice en un momento dado: “Yo digo: ‘Sí, tengo una pierna para ti’. Si los demás me oyeran, dirían: “Sois unos malditos malvados”.

Pero la revelación más significativa es que Schutt-Aine habla de que a veces tiene que hacer más “pases” para desmembrar a un bebé dentro del útero “para evitar el PBA”, aborto de nacimiento parcial, ilegal según la ley federal desde 2003. “Si estoy haciendo un procedimiento, y veo que tengo miedo de que esté a punto de llegar al ombligo, puede que pida un segundo juego de fórceps para sujetar el cuerpo en el cuello del útero y arrancar una pierna o dos, para que no sea PBA”, dice.

“Planned Parenthood dijo repetidamente al Congreso, a los tribunales y al público que había ‘rechazado’ cualquier oportunidad de vender partes del cuerpo de bebés abortados en Texas”, dijo el fundador de CMP y líder del proyecto, David Daleiden, sobre las últimas imágenes. “Estas imágenes encubiertas finalmente publicadas muestran que, en realidad, Planned Parenthood Gulf Coast estaba macabramente ansiosa por arrancar bebés sanos enteros y vivos a pacientes vulnerables , y mutilar sus cuerpos después para venderlos por partes a cambio de mucho dinero.”

“Kamala Harris, como fiscal general de California, allanó mi casa y se incautó esta filmación para intentar bloquear su publicación durante ocho años, por orden de Planned Parenthood y NAF. Es hora de que se haga justicia ante la ley para Big Abortion”, añadió Daledein.

A partir de 2015, CMP comenzó a publicar una serie de conversaciones grabadas en secreto con funcionarios de Planned Parenthood y NAF que desencadenaron una tormenta de controversia y una serie de revelaciones sobre la industria del aborto que violan múltiples leyes federales contra el lucro de órganos humanos, la alteración de los procedimientos de aborto con el fin de obtener mejores muestras de tejido, llegando incluso a cometer abortos de nacimiento parcial o infanticidio, así como ejemplos de vídeo de los trabajadores del aborto que muestran insensibilidad hacia la humanidad de los niños que matan con su trabajo.

Sin embargo, a pesar de las protestas provida y de la gravedad del escándalo, ni el gobierno de Obama, ni el de Trump, ni el de Biden tomaron medidas contra ninguna de las organizaciones abortistas implicadas en los hallazgos de CMP.

Durante un testimonio en marzo en el Capitolio, Daleiden denunció a la vicepresidenta Kamala Harris, que era fiscal general de California cuando estalló el escándalo original de las partes de bebé y desde entonces se ha convertido en la presunta candidata presidencial demócrata, por complicidad en un “encubrimiento” de los crímenes del gigante del aborto. En lugar de procesar a las figuras de la industria abortista por los delitos destapados en California, Harris allanó la casa de Daleiden para incautarse de sus grabaciones encubiertas y lo procesó. Más tarde se descubrieron correos electrónicos que indicaban que la oficina de Harris habría coordinado los procedimientos con Planned Parenthood.

En los años siguientes, Daleiden y CMP fueron objeto de varias demandas y acusaciones de delitos graves por allanamiento de morada, falsificación de identidad con permisos de conducir falsos y grabación de personas sin su consentimiento. CMP alegó que se había aplicado indebidamente la ley federal RICO (Racketeer Influenced & Corrupt Organizations), pero en diciembre perdió la apelación final de una sentencia de casi 16 millones de dólares contra el grupo provida. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declinó intervenir el pasado octubre.

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